Tras la baja de aportes patronales para economías regionales, el Ministerio de Producción está trabajando en un nuevo proyecto de ley para el sector.Cuáles serían los ejes y el costo fiscal de la iniciativa.

El ajuste de costos de las contribuciones patronales para las economías regionales, anunciada el jueves pasado, resultó un alivio para el sector, pero según fuentes empresariales, quedó a mitad de camino.

No logró desactivar el pedido de incentivos a la producción pyme, con empresas entrampadas en un combo que incluye la caída general de la actividad, el nivel de las tasas de interés y la presión impositiva.

Frente a ello, el Gobierno jugará una carta fuerte en las próximas semanas, en el marco de una campaña electoral que empieza a instalarse en la agenda pública.

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo quieren cerrar a la brevedad el anteproyecto de ley Pyme, que complementará a la 27.264, sancionada a mediados de 2016, y es considerada una norma con propuestas de segunda generación para impulsar la actividad.

Según pudo saber El Cronista, el proyecto de ley incluirá cinco ejes que apuntan a dar respuesta a las principales demandas del sector:

Categorización impositiva de las pymes: se busca generar un esquema gradual de traspaso del Monotributo al Régimen General para responsables inscriptos, evitando un salto abrupto en sus obligaciones.

Esto también ayudaría a combatir cierta informalidad que puede producirse al superar los límites de esa gura impositiva, debido a la mayor presión tributaria.

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Simplicación impositiva: es una especie de ventanilla única y parece ser el corazón del proyecto. Se está trabajando en un esquema de compensación de saldos, que permita reducir la carga impositiva, que representa cerca del 46% para las pymes. Hoy sólo pueden compensarse los llamados saldos de libre disponibilidad (en general, impuestos nacionales) pero no es posible compensar obligaciones aduaneras o previsionales.

Incentivos a la inversión: la ley 27.264 preveía destinar al pago de Ganancias hasta el 10% de las inversiones realizadas, un beneficio que finalizó el 31 de diciembre y no se prorrogó.

Ahora se está trabajando en morigerar el impacto del anticipo de Ganancias o algún otro impuesto, a la vez que habría incentivos para inversión en equipamiento de de última generación o productos que apunten a la eficiencia energética como la compra de productos de línea blanca en 12 cuotas.

Factura electrónica conformada: en el marco de la ley de financiamiento productivo aún no se reglamentó la factura electrónica conformada.

Blanqueo laboral: aún no está confirmado pero una opción es que integre el paquete. El objetivo es que tras el blanqueo laboral haya un bloqueo hacia atrás para que no pueda haber juicios retroactivos. “Es una forma de contribuir a formalizar parte de la informalidad”, dicen desde las pymes.

Este blanqueo había quedado fuera de la reforma impositiva de fines de 2017.

Fuente: El Cronista