Suspendieron la aplicación de la “ley del conocimiento”. La había impulsado Macri y preveía rebajas fiscales a firmas tecnológicas y consultoras de servicios.

El Gobierno suspendió la ley de promoción de la Economía del Conocimiento, que entró en vigencia el 1°de enero de este año y que otorgaba beneficios fiscales e impositivos a empresas exportadoras de software y servicios, entre las que destacan Mercado Libre, Accenture, IBM y Globant. A través de la resolución 30/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial y con el pretexto de modificaciones burocráticas, “se suspenden los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al régimen presentadas hasta el momento”. La novedad causó malestar pero no sorpresa en una industria que tiene 120.000 empleados y que exporta anualmente US$6.000 millones.

La excusa oficial es la eliminación de la Subsecretaría de Economía del conocimiento, una oficina creada precisamente por la reglamentación de la ley 27.506 para ser la autoridad de aplicación. Es decir, la oficina encargada de recibir, aprobar y rechazar solicitudes para acceder a beneficios tales como rebaja en Ganancias, aportes patronales y deducciones impositivas. Conocida como la promoción de la Economía del Conocimiento, la ley 27.506 fue sancionada por todos los bloques políticos y por abrumadora mayoría en el Congreso en mayo de 2019 y fue reglamentada a través del decreto 708/2019.

Su virtual congelamiento desacomodó a las tecnológicas. “Sabíamos que iban a reformar la ley, pero igual esto produce mucha incertidumbre”, admitió un ejecutivo de una empresa desarrolladora de software. El tema está en manos del Ministerio de la Producción, conducido por Matías Kulfas, pero más concretamente bajo la órbita de Ariel Schale, un economista muy ligado a la industria textil.

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Desde esa cartera remarcaron que “el espíritu de la ley es positiva, pero que había muchos problemas para su implementación”. La misma fuente descartó el envío de una nueva ley. Por el contrario, dijo que preparan una nueva reglamentación para determinar cuáles serán las actividades promovidas y si las grandes empresas pueden acceder a los mismos beneficios que una empresa mediana o chica. “¿En cuánto tiempo? En cuestión de semanas”, finalizó.

Llama la atención la contramarcha ya que el monto de la promoción no es significativo. El gobierno anterior estimó que el costo fiscal para este año del nuevo régimen era de $8.860 millones, el equivalente a US$130 millones al tipo de cambio mayorista oficial. La cifra representa el dinero que el Estado deja de recaudar para promover un sector determinado.

Con respecto a los cambios, fuentes oficiales y empresarias coinciden en que el tema se viene discutiendo desde el 18 de diciembre. “Esperemos que cuando se acomode la situación, nos genere más beneficios”, se esperanzó Sergio Candelo, presidente de la CESSI. Justamente, la promoción de la Economía del Conocimiento sustituye a la Ley de Software, vencida en diciembre pasado. La actual es mucho más amplia y abarca al software, informática, biotecnología, nanotecnología, industria espacial y satelital, servicios profesionales e industrias del entretenimiento y creativas, entre muchas otras.

Es un universo representado por Argencon, la cámara sectorial que hoy agrupa empresas de rubros muy diversos, entre ellos petroleras (Chevron y Exxon Mobile), bancos (JP Morgan), tecnológicas (Microsoft, Oracle, Mercado Libre, Despegar y Globant), consultoras (Accenture, PwC y Deloitte) y productoras de contenidos (Mundo Loco, la productora de Juan José Campanella).

“Es una lástima si se elimina un régimen para una industria que viene aumentando sus exportaciones desde hace años”, dijo a Clarín un CEO de una multinacional. La promoción paralizada es la continuidad de la ley 25.922, de promoción del software, sancionada en 2004 por impulso del entonces ministro de Economía Roberto Lavagna. Prorrogada con modificaciones en 2011 y 2013, multiplicó sus exportaciones por 7, para pasar de US$200 millones a US$1.500 millones anuales. “La ley está vigente desde hace 15 años. Actualmente, 515 empresas podrían perder sus beneficios”, se lamentó Candelo, directivo de la cámara sectorial.

Fuente: Clarín