El Ministerio de Desarrollo Productivo informó que está trabajando en cambios a la reglamentación y que los beneficios serán retroactivos al 1 de enero

El Ministerio de Desarrollo Productivo informa que trabaja en modificaciones a la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, y anticipa que la normativa tendrá vigencia retroactiva al 1 de enero. 

“Desde el Gobierno Nacional estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la economía del conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las Pymes y que estén disponibles en el corto plazo”, remarcó el comunicado de la cartera que dirige Matías Kulfas.

Además, remarcaron que no están “anulando el régimen”, sino que, “por el contrario, hemos detectado inconsistencias en la implementación de la Ley que nos han llevado a suspender la reglamentación porque se necesita un replanteo de algunos aspectos para el correcto funcionamiento de la normativa”.  

“Estamos culminando los estudios que nos permitan determinar si esas reformas se deben hacer mediante un decreto reglamentario o es necesario modificar la Ley. En el cortísimo plazo tendremos el resultado de esa evaluación”, indicaron. 

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El documento también afirma que “en el proyecto original, que se puso en marcha durante el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner”, en alusión a la Ley de Software, “era claro el impulso a las PyMEs pero en la reglamentación de la actual Ley no se ve reflejado de manera adecuada”. 

Y aclaran que “los beneficios de la ley no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones serán retroactivas al 1º de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la Ley”.

“En estos 40 días de gestión hemos mantenido un diálogo permanente con las empresas del sector. Las modificaciones no están orientadas a penalizar a las empresas sino a profundizar el impulso a las PyMEs del sector”, remarca el Ministerio. 

Y concluye: “Es muy saludable la voluntad de la Ley de incorporar otras actividades como la nanotecnología, la biotecnología o la economía 4.0, pero la redacción del marco normativo actual no permite clasificarlas con claridad, lo que puede dar lugar a equívocos”.

Modificaciones

Sin demasiadas precisiones, desde el oficialismo señalan que “filosóficamente, estamos de acuerdo con la ley, está en el sentido correcto”, pero aclaran que empezaron “a estudiar la reglamentación y surgieron un montón de dudas que podían generar equívocos”.

“No hay diferencias sustanciales en el tratamiento entre pequeñas, medianas y grandes. Se está trabajando sobre la reglamentación”, remarca la fuente y adelanta que la nueva versión estará lista en las “próximas semanas”.

Otro de los puntos que se analizan consiste en ajustar el filtro para que los sectores que se incentiven respondan al espíritu de la ley. “Una cervecería artesanal desarrolla tecnología y conocimiento. Si no lo reglamentás, puede entrar. No es el objetivo”, ejemplifica.

Además, indica que los equipos técnicos del Gobierno ya anunciaron los cambios a los principales jugadores de la industria, aunque prefirió no dar nombres de las firmas contactadas.

Sin embargo, una persona que leyó el borrador que se está analizando en la Rosada remarca que el Gobierno evalúa cortar la “canilla libre” de ventajas impositivas y ajustarlas en base a dos vectores:

– Tamaño. “Hay un criterio de injusticia: le da los mismos beneficios a Mercado Libre que a una startup de tres personas. La vamos a hacer progresiva: que las exenciones se apliquen según el tamaño de la empresa”

– Valor agregado. “A la empresa que produce un commodity, como un ecommerce, no se le pueden dar los mismos beneficios que a una que desarrolla una solución de biotecnología o un software único”

De esta forma, una revisión de la Ley abarcaría escalas sobre el Impuesto a las Ganancias: el 15% que estipula la norma original será el mínimo que quedará reservado a firmas que cumplan con los puntos anteriores. Lo mismo ocurriría con el resto de incentivos.

Con respecto a una posible modificación de la norma, las fuentes aseguran que con la nueva reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento quedarían saldadas las “incompatibilidades”.

En caso contrario, se podría enviar una nueva ley, lo cual “dependerá de la agenda legislativa”, por lo que podría tratarse en sesiones extraordinarias o que el Gobierno lo “vaya manejando con resoluciones hasta que salga una nueva norma”.

Las críticas

En el sector emprendedor, remarcan que “la ley tiene diferenciación entre Pymes y grandes empresas”, aunque advierten que “ponerle límites a las grandes firmas no tiene sentido, porque son las que más invierten y generan más empleo”.

“Son capitales que se van a otros países: en dos minutos se relocalizan”, destacan, al tiempo que señalan que “no tiene sentido ir contra Mercado Libre, la empresa más importante de la Argentina”.

También señalan que este “parate” para la entrada en vigencia de la ley fue “propyme” y beneficia a aquellas regiones donde “no existen condiciones para el agro o la explotación de recursos naturales”.

Y reprochan que se los venture capital internacionales perderán el entusiasmo en la Argentina y ahora dudan de invertir en el país ante “el cambio de las reglas de juego”.

El clima de incertidumbre tiene “pronóstico extendido”: en la medida en que el Gobierno no apure la salida de la nueva reglamentación, más crecerá el malestar de las empresas. Si se decide ir por el camino de una nueva ley, el panorama es aún más sombrío: su promulgación puede demorar meses o años.

“Hay mucha preocupación. Se deja sin efecto la reglamentación, pero no se dice cuándo estará la nueva. Muchas firmas creían que entraban en el registro e iban acceder al beneficio de $17.000 de mínimo no imponible por empleado de contribuciones patronales. Pero con la Ley de Solidaridad pasó a $7.000. Esperaban a tener ese bono y ahora no lo tendrán”, señala  Sebastián M. Domínguez, del estudio SDC Asesores Tributarios.

“Como las empresas no se pueden inscribir, no se sabe cuándo van a tener la reducción de la alícuota de Ganancias del 15%, el certificado de no retención de IVA y el descuento por el crédito de impuestos análogos retenidos en el exterior”, agrega.

Tensa espera

Mientras tanto, en “on”, las grandes empresas del sector apuestan a la diplomacia. Se esperan nuevas reuniones con el Gobierno en las próximas semanas para ultimar detalles y acercar posiciones que eviten una escalada en el conflicto. Las cámaras del sector, a su vez, se expresaron con cautela y aclararon la necesidad de potenciar al sector Pyme.

La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI) confirmó que está trabajando con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo en “la generación de alternativas superadoras a la Ley de Economía de Conocimiento que se plasmen en modificaciones a la normativa”.

La entidad hace hincapié en “fortalecer el mercado interno, en especial la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”.

En la misma línea se pronuncia la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL): “A medida que nos íbamos interiorizando sobre la reglamentación de la ley nos dábamos cuenta de que muchas empresas quedaban excluidas”.

“Todo lo que propiciaba para las Pymes quedaba anulada automáticamente por algunas exigencias. Sobre todo, porque para el gobierno anterior, solo había dos tipos de empresas: la grande o la startup. Las dos son importantes, pero hay un tercer grupo, que es el de las empresas que quieren transformarse”, subrayan desde la entidad.

Por ahora, ambos dan el visto bueno a la revisión de la reglamentación, pero advierten algo que ya es una verdad de perogrullo: una eventual suspensión de la Ley sería un grave retroceso de consecuencias imprevisibles.

La Ley del Conocimiento

Se trató de un tema que saltó grieta, al menos hasta ahora. En mayo, el Senado había promulgado por unanimidad a la Ley de Economía del Conocimiento, luego de haber sido votada por amplia mayoría (182 a 2) en Diputados.

En octubre, 10 días antes de las PASO, el entonces presidente Mauricio Macri había reglamentado la norma de promoción para que el sector genere ventas al exterior por u$s15.000 millones, una cifra similar al agro, que concentra el 25% de las exportaciones.

Para ello, planteaba otorgar los siguientes beneficios:

– Estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial, sin que aumente su carga tributaria” durante el régimen. Incluía tasas y aranceles de importación y exportación

– Reducción de cargas sociales: por cada asalariado, recibirían una detracción equivalente al mínimo no imponible previsto en la Reforma Tributaria ($17.500)

– Bono de crédito fiscal: transferible por única vez, equivalía a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales para abonar anticipos o saldos de declaración jurada de Ganancias e IVA

– Este bono era mayor si los empleados poseen un doctorado: dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por 24 meses desde su contratación

– Alícuota reducida de Ganancias: 15% si mantenía el personal y no estaban alcanzados por retenciones ni percepciones de IVA

Para ello, las firmas debían reunir los siguientes requisitos:

– Invertir al menos el 3% de sus ingresos en investigación y desarrollo

– Exportar, como mínimo, una cifra equivalente al 13% de su facturación

– En el caso de servicios profesionales, ese porcentaje se eleva al 45% (Pymes) y al 60% (grandes empresas)

– Destinar como mínimo el 8% de su masa salarial a la capacitación de los empleados

– Acreditar una mejora continua de la calidad de sus productos, servicios y procesos mediante una norma de certificación

Fuente: IProUP