En un contexto recesivo y con un mercado laboral estancado desde hace años, es imperioso no afectar la competitividad de las empresas.

No quedan dudas de que Argentina presenta problemas de competitividad y que, si en algún momento planea incorporarse al mundo, deberá ganar eficiencia. Por el momento, en la mayoría de las variables que hacen a la competitividad (presión fiscal, burocracia, regulaciones, calidad institucional, etc.) la Argentina deja mucho que desear. Pero, sí hay un factor que venía empeorando y en los últimos años mejoró y es el de la industria del juicio.

En primer lugar es importante entender el contexto y la dinámica del problema. En 2003 se iniciaron 3.012 juicios por riesgos de trabajo. Con el pasar de los años, la cantidad de juicios se iba incrementando hasta alcanzar la escalofriante cifra de 130.679 juicios en 2017. En otras palabras, la cantidad de juicios se multiplicó por 42. Para peor, mientras que la cantidad de juicios por año crecían cada vez más, el total de casos notificados de accidentes de trabajo al principio acompañó el crecimiento y alcanzó un pico en 2008 con 505.747 casos, para luego ir cayendo lentamente año a año. En síntesis, mientras los casos notificados de accidentes de trabajo decrecían lentamente, la cantidad de juicios continuaba bajando vertiginosamente. De esta manera, la industria del juicio aumentaba cada vez más porque era rentable iniciarlos.

Por suerte, la situación comenzó a revertirse, por lo menos en lo que respecta a los juicios vinculados a riesgos de trabajo, según los datos revelados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), la cantidad de juicios iniciados en 2018 cayó a 80.038 y luego en 2019 a 67.898. El incremento observado hasta 2017 fue una de las principales razones de la pérdida de competitividad en la Argentina en la época kirchnerista. El hecho de que se haya comenzado a revertir es una excelente noticia y los esfuerzos de la actual gestión deberían estar alineados en que esta tendencia continúe y así poder ayudar a la creación de puestos de trabajo. A los empresarios pymes les encantaría poder contratar más gente pero tienen principalmente dos trabas. En primer lugar una presión tributaria récord y luego, lo que comenzó a corregirse, la industria del juicio.

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El cambio de tendencia se dio en 2018 y no fue por casualidad. En febrero de 2017 se implementó la Ley 27.348 que modificaciones claves, consiguió un gran éxito para revertir el problema. El principal cambio que se logró con dicha ley es que, ante un accidente laboral, en lugar de ir a juicio, una Junta Médica (integrada por tres médicos) juzga el grado de incapacidad. Este procedimiento, a diferencia de un escenario donde se iría a juicio, no requiere abogados ni contadores. Además, el empleador no debe afrontar gastos. El damnificado cobra una cifra menor comparada a la de un juicio, pero cobra dentro del mes de ocurrido el hecho. En cambio, en un escenario de juicio, el damnificado podría cobrar más plata pero en cinco años. Este tiempo, en un país con grandes desequilibrios macroeconómicos ponen en duda la supervivencia de cualquier empresa (incluso las grandes). Esta ley se implementó primero en Capital Federal, pero con el tiempo, las provincias fueron adhiriendo. La efectividad fue contundente ya que, con esta nueva modalidad, se evitan el 40% de los juicios.

El caso de la reducción de los juicios laborales por riesgos de trabajo es un ejemplo de que puede mejorarse la competitividad laboral en Argentina. También es importante combatir los juicios por despidos. Estos también generan dolores de cabeza a los empresarios pymes. La madre del problema es la salida del trabajador en lugar de la entrada. El problema es que, si la salida es complicada, por propiedad transitiva, la entrada también lo es. Es instintivo, nadie entraría a un lugar que sabe que no puede salir. Similarmente, un empresario no contratará a un empleado que después no puede sacar o reubicar. Entonces, cuando el dueño de una pyme no puede deshacer un error, directamente prefiere no encararlo. Esto significa no contratar nuevos trabajadores.

Fuente: Ámbito