El Gobierno nacional espera “un rápido tratamiento” legislativo de la nueva ley de Economía de Conocimiento, con lo cual desestimó la posibilidad de trabajar con el sector en medidas transitorias para que las empresas puedan acceder a los beneficios fiscales suspendidos a comienzos de año.

El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, fue el encargado de desestimar la posibilidad de trabajar en beneficios impositivos a cuenta de lo que disponga la futura ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en febrero.

“Confiamos en un rápido tratamiento de la nueva ley de Economía de Conocimiento que nos de el marco normativo para este sector que en el marco de la estrategia de desarrollo del país es absolutamente central”, aseguró Schale en diálogo con Télam.

El proyecto cuenta con el consenso inicial de los bloques de diputados para incorporar al temario cuando al Cámara retome sus sesiones en modalidad virtual, de acuerdo a lo que expresaron hoy fuentes legislativas.

“Es el único sector que tiene categoría de secretaria, lo que da la relevancia que para el Gobierno tiene este sector que va a ser absolutamente central en la salida de la estrategia del Covid”, expresó Schale.

Para el funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo, la actual crisis sanitaria “dejará nuevos desafíos y encontrará a todos los sectores que integran la Economía del Conocimiento con una posibilidad estratégica de despliegue. Queremos que eso ocurra con el nuevo marco normativo que va a darle mucha mas potencia y muchísimos beneficios”.

“Se trata de un sector importantísimo para la estrategia de desarrollo de la Argentina porque es una actividad de altos ingresos que genera trabajo de calidad, muy bien remunerado, y un generador de divisas por su altísima inserción internacional y con una potencia exportadora que vamos a focalizar”, aseguró Schale.

La propuesta oficial para modificar la Ley de Economía del Conocimiento sancionada el año pasado con amplio consenso durante el gobierno de Mauricio Macri, mantiene los beneficios de reducción de alícuota del impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales y lo amplía al modificar el modo de calcularlos retomando lo establecido en la ley de Software.

Este beneficio, de acuerdo al proyecto pasará a ser del 60% reducción en impuesto a las ganancias y 70 % reducción de contribuciones patronales.

La modificación de la ley está orientada a promover las facilidades de ingresos de las pymes y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso, como porcentaje de I&D, de capacitación, o de exportaciones que deben cumplir para obtener los beneficios.

Sobre las contribuciones patronales introducen dos novedades: un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo II (535 empleados) lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados, que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.

Sin embargo, para las nuevas incorporaciones no habrá tope, con lo cual las grandes empresas siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen.

Fuente: Télam