Por Ariel Coremberg – economista – Asesor del MOPYME.

El ecosistema productivo y social de las pequeñas y medianas empresas está amenazado por las consecuencias económicas de la cuarentena. De no tomarse medidas urgentes se generalizarán las quiebras de las pequeñas y medianas empresas y con ello el desempleo a la salida de la cuarentena.

Una serie de características singulares definen a las pymes argentinas y que no son tomadas en cuenta a la hora de las políticas públicas, especialmente durante la cuarentena.

Las pymes forman un denso tejido productivo de alcance regional y social ya que representan el 98% del total de las empresas registradas, más de la mitad del empleo formal y casi el 60% de la facturación y recaudación impositiva. Pero su incidencia en la economía es mayor aún cuando se incluye también a los autónomos y cuentapropistas, monotributistas, profesionales independientes y empresas unipersonales.

El carácter familiar, y asociativo del emprendedor pyme involucra relaciones empresariales y laborales cooperativas y persistentes generando formación, aprendizaje y conocimiento específico en el trabajo mejorando las competencias laborales de sus empleados; así como también las estrechas relaciones colaborativas con proveedores son insustituibles.

Estas características singulares forman el principal activo intangible de las pymes, que junto con su capital humano y productivo son el principal capital que este sector genera y debería conservar más allá de las recesiones y crisis a los fines de fortalecer la generación de empleo de calidad y el desarrollo productivo del país.

Pero la permanente inestabilidad macroeconómica, así como también la presión impositiva, una de las máximas de América Latina, incentiva el refugio en la informalidad conspirando contra su productividad, innovación y orientación exportadora.

Particularmente durante la cuarentena, una serie de medidas económicas resultaron insuficientes a la hora de preservar el ecosistema pyme para lograr una rápida reactivación a la salida de la cuarentena.

Para generar una solución nos compramos dos problemas. Inicialmente, se aumentó la capacidad prestable bancaria, mediante el desarme de una parte de las Leliqs para generar crédito a las pymes. Pero los préstamos no llegaron debido a la permanente imposibilidad siquiera de armar una carpeta crediticia, así como el magno riesgo de incobrabilidad aumentado por la incertidumbre de la duración de la cuarentena.

Posteriormente, se adoptó los ATP (Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción) que sin embargo no llegan con la celeridad, magnitud y capilaridad con que necesita el sector productivo para sobrevivir.

La emisión monetaria necesaria para pagar los ATP, además de la realizada para otorgar los créditos bancarios que no llegaron, podría originar una aceleración inflacionaria futura si no se reestablece rápidamente la confianza en el peso argentino.

Para evitar que se profundice el cierre de las pymes, es perentorio liberar más sectores a la actividad productiva con los correspondientes protocolos de distanciamiento social e higiene necesarios resulta imperativo inclusive para que se reactive la demanda.

Los ATP sirven para mitigar los costos laborales, pero no pueden reemplazar la necesaria actividad económica que las empresas y el empleo necesitan para seguir funcionando. En efecto, una parte importante de las pymes del AMBA ya cerraron definitivamente. Las pymes que sobrevivieron hasta ahora soportaron no solo una caída brutal de los ingresos por ventas por el derrumbe de la demanda sino también tienen que afrontar mayores costos fijos que las dejan al borde la insolvencia y el cierre definitivo.

La exigencia de brindar transporte propio al personal es imposible de afrontar por las pymes. Los controles de acceso a los puntos de consumo generan un impacto en los costos de logística, transporte y comercialización.

Los proveedores exigen el pago en efectivo contra entrega de la mercadería e insumos reduciendo a 0 el plazo de financiamiento del capital de trabajo.

El acceso al crédito bancario sigue sujeto al riesgo de incobrabilidad por la incertidumbre por la duración de la cuarentena, por ahora acrecentado por el riesgo de default abierto y el incremento del costo del crédito al subir la tasa de interés para evitar la dolarización de los ahorristas.

Pero el Estado no aporta. Los impuestos no bajaron, por el contrario, el proyecto de derogar la actualización de balances por inflación resultaría en una suba efectiva del impuesto a las ganancias de las empresas. Las tarifas de servicios públicos siguieron cobrándose de acuerdo al consumo del año pasado generando mayores costos y deudas a las pymes obligadas a cerrar.

El control de precios con precios máximos por debajo de los costos de reposición esperados de insumos y mercaderías erosiona la rentabilidad de producir, anulando los incentivos a aumentar la oferta productiva.

Una profundización y mayor duración de la cuarentena puede implicar el cierre definitivo de pymes cuya supervivencia depende del know how acumulado durante generaciones implicando una destrucción de capital físico y humano acumulado por décadas, dañando el PBI potencial e hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos.

La generalización y continuidad de los ATP serán necesarios para que se vuelva a producir, pero con un cambio de foco hacia el resto de los costos no salariales de las pymes.

La política de apoyo y fomento en esta emergencia debería estar orientada a que las pymes puedan retomar rápidamente la actividad económica mediante la financiación de los costos que signifiquen la adopción de protocolos sanitarios y de higiene estrictos.

Una política de garantías estatales para solventar los alquileres adeudados y futuros 3 permitiría retomar la actividad productiva sin afectar los intereses locatarios, muchos de ellos también son pymes. A corto plazo, resulta necesario una amplia moratoria para deudas impositivas y de servicios públicos para pymes, así como una tarifa de servicios públicos no residencial segmentada para pymes que se cobre sobre el consumo efectivamente realizado.

Argentina tiene un Estado ineficiente que ejerce una magna presión fiscal sin que se vean los resultados en la provisión eficiente y de calidad en la educación y salud pública.

Ello conspira contra la rentabilidad de producir, por ello resulta imprescindible que el apoyo a las pymes, se realice con solvencia fiscal con una redistribución contra el gasto público improductivo, a favor de una baja de tasas impositivas. Ello no necesariamente implica una caída en la recaudación ya que a mediano plazo se ampliaría la base tributaria, reduciendo la informalidad y enanismo fiscal. Asimismo, se generaría más actividad económica a las pymes permitiendo una vigorosa generación de empleo.

El emprendedor pyme, al igual que el resto de la sociedad, necesita además de alivio impositivo, que la política pública brinde horizontes ciertos y perspectivas de desarrollo a largo plazo, aún más durante la crisis.

Reconstruir el tejido pyme dañado exige ahora en la urgencia encarar también la solución de sus problemas estructurales. La constitución de los Tribunales de la Comisión de Defensa de la Competencia es una tarea urgente ya que es el organismo adecuado para dirimir conflictos entre grandes empresas y proveedores pymes, sin intervención del poder político, evitando la ultraactividad legislativa de emitir leyes incumplibles cuyo objeto ya está contemplado en las instituciones existentes.

Asimismo, resulta perentorio para el presente y el futuro pyme eliminar el sesgo anti empresario de la justicia laboral, evitando las quiebras de las pymes por pagar juicios laborales y doble indemnización, cuyo número y monto impactaran a la salida de la cuarentena.

Ambos son requerimientos estructurales que permitirían generar instituciones públicas independientes de la política partidaria y de los intereses corporativos que cooptan al Estado en contra de los que no lo tienen lobby: pymes, profesionales, autónomos y cuentapropistas que continúan con un déficit notable de representación.

De lo contrario será más rentable no producir y cerrar definitivamente negocios y fábricas.

Un plan de estabilización y crecimiento que incluya una agenda para liberalizar todos los sectores no esenciales tomando en cuenta la realidad de las Pymes es esencial para una reactivación rápida postcuarentena.

Ariel Coremberg es economista. Asesor del MOPYME.

Fuente: Clarín