En enero perdió vigencia la norma de impulso a esta industria. El Gobierno prometió una rápida solución, pero Diputados tardó meses y luego el proyecto se estancó . “Es desesperante, nadie explica por qué”, dicen las empresas.

Prioridades son prioridades

Mientras en la última sesión del Senado, el oficialismo dispuso en cuestión de minutos la creación de decenas de juzgados, fiscalías y cámaras federales que llevarían a 1.700 los nuevos cargos judiciales en procura de votos para poder convertir en ley en Diputados la reforma judicial a la que ya dio media sanción la Cámara Alta a un costo presupuestario que algunos estiran hasta $12.000 millones anuales, en el mismo Senado duerme hace dos meses el proyecto de nueva ley de impulso a la “Economía del Conocimiento”, un sector que exporta más de USD 6.000 millones anuales, emplea cerca de 500.000 personas y podría crear otros tantos empleos más.

Las empresas del sector perdieron mientras tanto los beneficios que les había concedido la ley 27.506 (Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento): a raíz de la “ley de Emergencia”, aquella norma perdió vigencia en enero. En respuesta, el Gobierno prometió un proyecto superador, que podía hasta llegar a ser ley en sesiones extraordinarias, durante el verano. Hasta había fecha para tratarla en Diputados: el 17 de marzo.

El verano pasó y la pandemia llegó, pero el ánimo se mantuvo con el avance del proyecto del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. El dictamen en Comisiones de la Cámara Baja, a fin de mayo, fue miel sobre hojuelas. Invitado a exponer, Kulfas dijo allí que “es necesario tener la ley lo antes posible. Es prioridad la generación de empleo de calidad y el desarrollo productivo”. La radical Karina Banfi dijo que estaban ante “una ley ideal, que genera el desarrollo de muchos puestos de trabajo” y su correligionario Luis Petri coincidió en que “es imprescindible que avancemos con esta ley en este momento de pandemia”, aunque lamentó la falta de un artículo de “estabilidad fiscal”. Tan lindo era todo, que el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos y titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, dijo que estaban ante “un proyecto puente, porque se salta la grieta”.

El texto, que acota los beneficios para las firmas grandes, facilita el acceso de Pymes e introduce estímulos regionales y de género, fue aprobado por amplio margen en Diputados a fines de junio (246 votos a favor, sólo 2 en contra). “Queremos que en 10 años se dupliquen los puestos de trabajo”, dijo esa vez Carro y hasta se atrevió a proyectar que en una década “(en el sector) podría haber un millón de empleos y la exportaciones podrían subir del 8 al 15% (del total de exportaciones de la Argentina)”.

Hasta aquí llegamos

Y allí se frenó el impulso, para preocupación de las empresas y cámaras del sector. Recientemente, la CESSI (Cámara de Software y Servicios Informáticos, un subsector de la economía del conocimiento) señaló que según estadísticas del Observatorio Permanente de la Industria (OPSSI), las empresas tienen por delante meses complicados, que sumados a la crisis pandémica podrían llevar a la pérdida de 11.000 puestos de trabajo, una caída de facturación de $33.400 millones y a una importante pérdida de exportaciones.

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El sector del software, hambriento de futuro, teme que el default legislativo del Senado comprometa también las metas que la CESSI se había fijado para 2030: la creación de 500.000 empleos en todo el país, superar los USD 20.000 millones de facturación anual, exportar por más de USD 10.000 millones y lograr que la Argentina se sume al lote de los 30 países más digitalizados del mundo y 5 más digitalizados de América Latina, según mediciones del Foro Económico Mundial.El default legislativo del Senado podría comprometar también las metas para 2030: la creación de 500.000 empleos en todo el país, superar los USD 20.000 millones de facturación anual, exportar por más de USD 10.000 millones y lograr que la Argentina se sume al lote de los 30 países más digitalizados del mundo

No se trata de números en el aire. La exportación del más amplio sector de “Servicios Basados en el Conocimiento” (SBC) era de USD 2.167 millones en 2006 y subió sostenidamente hasta 2012, tuvo un periodo de retracción hasta 2015 y volvió a subir hasta 2018 cuando llegó a USD 6.570 millones, para caer otra vez en 2019, a USD 6.088 millones. De hecho, el sector llegó en 2017 a explicar el 8,8% de las exportaciones totales de la Argentina.

De lo que es y puede ser

Argencon, que agrupa a empresas de la economía del conocimiento, llamó la atención sobre “los perjuicios que ocasiona a nuestra economía la demora en la puesta en vigencia de este Régimen de Promoción”. La situación “es tan incongruente que no resiste mayor análisis”, señaló en un comunicado, en el que también recordó que “en los últimos meses, aún en medio de una gran recesión general, fueron las empresas del conocimiento las que mejor desempeño han tenido, manteniendo los niveles de ocupación y de empleo” y que el propio presidente Alberto Fernández “se expresó a favor de esta ley en todas las ocasiones en que fue consultado”.

Así, todo el sector de la Economía del Conocimiento tiene ahora incertidumbre sobre el marco político, normativo y tributario de actividades “indispensables para el incremento de proyectos, radicación de inversiones y crecimiento del empleo”, señala “Argenconomics”, el más reciente estudio del sector.

¿Qué pasó en el Senado?, preguntó Infobae a Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. “Se discutió en las Comisiones de Presupuesto y en la de Comunicaciones: expusimos, nos agradecieron y después quedó ahí”.

Según Galeazzi, el proyecto oficial, con sanción de Diputados, implicó avances y retrocesos respecto de la ley 27.506, de inspiración macrista, pero “lo importante era tener una ley vigente, más que una ley óptima”, dijo.

Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon

Pero no hubo perfección ni velocidad. Por ahora, las empresas perdieron el beneficio de una tasa preferencial de impuesto a las Ganancias al no poder tomar a cuenta de ese tributo el pago de retenciones a la exportación de servicios a países con los que Argentina no tiene tratado de doble tributación (ambos podrían recuperarse si el nuevo texto se aprueba) y el 70% de descuento que gozaban en concepto de aportes patronales, que ya no podrán recuperar por los meses de vacío legislativo. Las principales perjudicadas son unas 500 compañías que estaban adheridas a la ley de Software; sobre todo firmas pequeñas, que exportan menos y tienen por ende menos solidez financiera, dijo Galeazzi. Supuestamente, las que el proyecto oficial dice querer privilegiar.

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Los beneficios del nuevo régimen, si el Senado sale del letargo, serían un más ágil cálculo de desgravación previsional para grupos específicos (mujeres, doctorados, zonas marginales, LGTB) y el acceso de firmas que no alcanzaban el umbral de facturación que establecía la ley anterior y que ahora podrán ingresar si un “Comité Consultivo” se expide a favor sobre sus “aptitudes como productoras de servicios de conocimiento”.

Estructura por “clusters” de las exportaciones del sector

Sergio Candelo, presidente de la CESSI, calificó de “desesperante” la situación, porque todos elogian el proyecto, pero nadie explica por qué está paralizado. El sector del software, dijo a Infobae, empleaba 25.000 personas y exportaba por USD 150 millones en 2004, cuando salió la primera “ley de software”, que impulsó el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. De ahí, con talento y ley a favor, llegó a 115.000 empleos y USD 2.000 millones de exportación en 2019. De hecho, en los últimos años el del software fue el “Cluster” que más creció en materia de empleo dentro de la “Economía del Conocimiento”, que en conjunto llegaba a explicar, a fines de 2019, un 6,8% del total de empleo registrado en todo el país.El software fue el cluster que más creció en materia de empleo: tenía 25.000 personas y exportaba por USD 150 millones en 2004 y llegó a 115.000 empleos y USD 2.000 millones de exportación en 2019. A fines de 2019, la “Economía del Conocimiento” explicaba 6,8% del total de empleo registrado en la Argentina

Ahora hay preocupación, porque si bien las empresas de software se mantuvieron en actividad, tienen una clientela transversal y la economía se cayó. Lo que lograron seguir facturando, más la inflación, los dejó fuera del ATP, el programa del gobierno para pago parcial de sueldos, y huérfanas de cualquier apoyo estatal. O peor aún, el Estado las complicó con la “ley de Teletrabajo”, con la que quedaron muy disconformes, a pesar (o a causa) de ser pioneras en esa modalidad. “Ya va a salir la nueva ley, y será retroactiva”, les dijeron en el ministerio de la Producción, cuando fueron a plantear la situación.

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¿Por qué es un sector intensivo en empleo? Para generar un puesto de trabajo en el sector cementero, compara Candelo, se requiere una inversión de USD 700.000. Para el sector autopartista, USD 40.000. En software, en cambio, el promedio es USD 3.000 por empleo nuevo, porque es intensivo en capital humano. Más del 80% de sus costos son salarios, 40% superiores a la media de la economía y casi todos en blanco, a causa del virtuoso proceso legislativo ocurrido entre 2004 (primera ley de software) y 2019 (ley 27.506, de Economía del Conocimiento). Las empresas accedían a beneficios a cambio de emplear en blanco, invertir en Investigación y Desarrollo (I+D), Exportar, Certificar Calidad y someterse a Auditoría. Todo quedó en el aire.

Evolución del empleo en la “Economía del Conocimiento” por rubros de actividad, y de las exportaciones como porcentaje del total de las ventas al exterior de la Argentina

No se trata de gigantes: ”los unicornios son famosos, pero el 98% de las empresas del sector son pymes que emplean hasta 10 personas”, dice Candelo, que fundó Snoop Consulting hace 20 años, para desarrollar software para empresas, diseñar apps para móviles y administrar bases de datos, pero se reinventó a medida que lo hacía la tecnología, como hacen todos en el sector.

En CESSI no pierden las esperanzas. La aprobación de la ley, dicen, impulsará y fomentará la competitividad, aumentará la exportación de valor agregado, generará la apertura de nuevos mercados y transformará a todas las empresas del sector “a través de la reducción de impuestos para las compañías del sector y el fomento de la industria, se logrará el incremento directo en la inversión en I+D, la creación de puestos de trabajo altamente calificados y el ingreso de las divisas que tanto necesita nuestro país”.

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La mora senatorial también generó la reacción de otras especies del universo empresario “del Conocimiento”. Como la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de la Argentina (Amdia), intensivo en el uso de software, que presentó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a la subsecretaría de la Economía del Conocimiento (del ministerio de Kulfas) un documento con sugerencias para la futura reglamentación de la morosa ley.

Básicamente, piden “un proceso de revisión continua de las actividades de marketing interactivo, para poderlas incluir en el listado de empresas promovidas a estos nuevos negocios que van apareciendo”. Entre esas actividades Osvaldo Flores, especialista en impuestos de Amdia, señaló desde el marketing digital hasta blockchain, e-commerce, gestión de relaciones con clientes y customer exprience, todas actividades mucho más veloces que un trámite legislativo en el Senado de la Nación.

Fuente: Infobae